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| Terreno en disputa con la comunidad |
La parroquia de Santiago Apóstol, pueblo viejo ubicada en 1336 avenida centenario colonia Atzacoalco que tiene un atrio que se remonta al siglo XVI, pero que tiene ampliaciones entre los siglos XVII, XVIII y XIX es motivo de una disputa de particulares, a pesar de ser una construcción catalogada por el INAH y formar parte de la protección que brinda la Ley de Patrimonio cultural y Monumentos históricos.
Hace unos días la defensa que el sacerdote católico Jorge Medina Enríquez hizo del atrio hizo que las autoridades judiciales lo encarcelaran en defensa de los supuestos dueños que son de origen cubano y regiomontano. Estos particulares alegan que compraron 3 mil metros cuadrados, lo que significa que compararon parte de la Iglesia y el Panteón del pueblo lo que es a todas luces irregular.
Frente a la resistencia de la comunidad ,los presuntos dueños que dicen haber comprado a invasores, según versionas de la propia comunidad, encarcelaron al padre acusándolo de despojo, cuando ellos son los que están violando al parecer la ley de monumentos históricos, sin que las autoridades de la delegación Gustavo A, Madero intervinieran a favor de la comunidad.
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| Oficio que reconoce a la Iglesia como patrimonio colonial |
La Arqueóloga Susana Lam García expidió un documento en el que certifica que la Iglesia se encuentra registrado como un bien registrado por la Dirección de Registro Arqueológico del INAH con el número 0900700900001 por lo que entra dentro de la protección de la ley por ser patrimonio histórico colonial.
El encarcelamiento del sacerdote provocó el bloqueo de la comunidad, que indignada protestó por este atropello. Las autoridades de la GAM se han comprometido a revisar el caso y a hacer justicia en el caso del sacerdote católico.
Incluso, este problema ha merecido la intervención del cardenal Norberto Rivera y de la Arquidiócesis de México.
Los "dueños" del lote que no respetan los bienes de la comunidad, piensan hacer edificios de departamentos en el lugar. Los lugareños han declarado que no permitirán este atentado contra el patrimonio de la comunidad y de la nación, para que intereses privados lo destruyan. Al parecer en la venta del terreno hay un fraude, porque los que vendieron el terreno no eran los legítimos propietarios. Las autoridades del DF deben investigar a fondo y castigar a los responsables, además de apoyar la defensa del patrimonio colonial mexicano.
La comunidad ha declarado que la lucha seguirá por la defensa de los bienes nacionales y demanda la excarcelación del padre y la restitución de los bienes de la comunidad.
