Neoliberalismo agazapado en la UAM y sus criterios contra el derecho a la educación.

La Universidad Autónoma Metropolitana tiene como lema "Casa abierta al tiempo". Este lema se ha visto seriamente controvertido cuando se devela la aplicación mecánica de su normatividad y cuando son los miembros del jurídico de la UAM y no los académicos quienes tienen en sus manos la suerte académica de sus agresados y practican la vulneración de sus derechos a través de la aplicación retroactiva de sus normas.

Ni los académicos de la universidad han podido revertir las reformas de 2007 que de manera retroactiva niegan la posibilidad de los que han estudiado en esta casa de estudios a titularse. Bajo un argumento claramente anticonstitucional la UAM ha violado los derechos de cientos de egresados a culminar sus estudios y presentar los exámenes profesionales de licenciatura y posgrado. Este hecho cuestiona con severidad el respeto de la universidad a las garantías individuales de los mexicanos que cursan en sus aulas y el respeto a los derechos humanos consagrados no sólo en el artículo 3° Constitucional, sino en los convenios internacionales firmados por nuestro país en materia de educación.

Por diversos medios, egresados con promedio por encima de 9, han solicitado a la UAM que les den derecho a la presentación de los examenes profesionales o de grado y que no se les aplique de manera retroactiva un transitorio anticonstitucional reformado en 2007 que les otorgaba un plazo perentorio para titularse o presentar su examen de grado. Con el desorden imperante en la administración, esta medida retroactiva no fue notificada a todos y cada uno de los egresados, siendo publicada de manera dolosa en la Gaceta de la UAM que desde luego pocos leen y mucho menos reciben sobre todos los que no laboran en esta universidad.

Pero además el artículo 17 de la Constitucional es muy claro. No se pueden aplicar leyes o disposiciones con efecto retroactivo en contra de persona alguna. Todos aquellos que cursaron antes de la Reforma tienen el derecho de que no les apliquen las disposiciones de manera retroactiva. Sin embargo, en abierto desafío a la Constitución y a sus normas que protegen con garantías constitucionales los derechos individuales, la autoridad de la UAM aplica sin criterio alguno la norma impidiendo a muchas personas concluir su procesos de estudios.

No han atendido casi un centenar de cartas solicitando con respeto la restitución de los derechos. La UAM ya perdió por lo menos dos juicios de amparos promovidos en su contra, por dos de los afectados. Los fallos tratados al menos en dos tribunales distintos coinciden. La UAM no puede, a pesar de su autonomía, violar garantías de los que han sido víctimas de sus actos de autoridad. No se puede aplicar una norma en perjuicio de alguien, en este caso el derecho de estos dos amparados por la ley a terminar y concluir sus estudios.

Pero no sólo eso, la violación de garantías que comete en sus actos la autoridad, daña el derecho de los demandantes a la educación, principio no sólo consagrado como garantía individual en el artículo 3° Constitucional, pues la UAM es una institución pública, del Estado cuya finalidad es formar profesionales en los campos útiles para la sociedad y brindar una educación pública tienen como función garantizar que dicha formación se lleve a cabo y ello esta también en los tratados internacionales suscritos por nuestro país y que tienen una jerarquía superior a las leyes, por debajo de la constitución y desde luego a una reglamentación interna de una universidad. La autonomía no es pretexto para la violación de garantías individuales. No se pueden anular los estudios pretextando plazos o menoscabar derechos con criterios neoliberales.

Si es cuestionante que una autoridad viole garnatías individuales, es mucho más grave que se trate de autoridades universitarias que se supone deben tener cuerpos de abogados eficientes, respetuosos de la ley y la Constitución. Por desgracia, el cuerpo jurídico de la UAM y en particular de la UAM Xochimilco no se caracterizan por aplicar el derecho en la libertad y la justicia que demanda una universidad, sino por ejercer de manera equivocada y errónea, hasta de manera dogmática el derecho. Es grave que una autoridad universitaria asesorada por abogados con poco conocimiento constitucional termine violando garantías individuales. Se requiere una limpia en ese departamento.

Como la UAM no puede solucionar sus propios problemas, las peticiones se han estrellado con la mala asesoría jurídica de sus autoridades, los tribunales le corrigen a la UAM la plana y le enseñan que no pueden aplicar normas con efectos retroactivos. Juicios que aún están en curso en estos tribunales cuya primera sentencia ya se emitió. La lección puede ser clara para los que se encuentran en esta situación, promover juicios de amparo para obligar a autoridades renuentes a no violar sus garantías individuales.

O bien que la autoridad a través de sus órganos colegiados corrija este error, siempre es sano y fortalece a las instituciones la autocrítica, y se anule el mencionado transitorio, dando oportunidad a que la UAM tenga muchos más titulados de los que ha tenido.

Los resultados de estos juicios abren la posibilidad para todos los que fueron afectados por la aplicación retroactiva de 2007 y cuyos derechos son negados por las autoridades de la UAM. Y no solo, la UAM no tiene porqué cancelar con criterios no jurídicos y si neoliberales, el derecho a la terminación de los estudios de cientos de personas que cursaron licenciatura o posgrado.

La comunidad académica de la UAM debe luchar por revertir las políticas que afectan el derecho a la educación de quienes han cruzado por sus aulas y se les niega el derecho a titularse cuando han concluido sus materias. Sean de Licenciatura o de Posgrado. La propia comunidad debe demandar que cese la violación de garantías individuales y que la propia universidad en su capacidad de autonormación, de salida antes de que las propias personas demanden a la UAM en juicios de garantías.