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sábado, 1 de agosto de 2009
¿Cuántas clases de PRI hay?
lunes, 22 de junio de 2009
La República roja de Sonora
En los primeros días de la tragedia, un periódico marginal cabecea: Relacionan a la esposa de Calderón con guardería. Lo regalan en los cruceros. Los panistas responden con propaganda apócrifa del PRI, que presenta fotos de sus candidatos departiendo con los dueños de la guardería ABC.
Portal web del gobierno de Sonora. Sección: Contingencia en la guardería ABC. El Instituto Mexicano del Seguro Social es responsable de autorizar el funcionamiento de las guarderías, el IMSS esto y lo otro, se destaca. Evidentemente, el gobernador y el procurador estatal veían venir el golpe, porque este domingo Daniel Karam anuncia una demanda civil contra la Secretaría de Finanzas estatal y los dueños de la estancia.
A lo largo de la semana, los adversarios locales y federales se miden. En respuesta a la filtración de las redes parentales sonorenses propietarias de guarderías, el procurador Abel Murrieta pone en duda la autenticidad de documentos entregados por el IMSS, actas de inspección y planos, además de determinar: “La entidad encargada responsable, y si hubo algún tráfico de influencias, evidentemente tiene que ver con el IMSS… Esto involucra desde el empleado que hizo la supervisión hasta el director nacional de ese tiempo, que era Juan Molinar Horcasitas”, dice el martes 16.
La línea la había dado el gobernador Bours días atrás: La responsabilidad no se subroga. En su afán de tirarle la bolita al Seguro Social, el mandatario recuerda: “El problema es que no nos dejan meternos… Hace un año les dijimos claramente que nos den las cuotas y nosotros lo manejamos, lo están haciendo mal”.
¿Por qué no de una buena vez le pasan todas las funciones federales y se declara la República Roja de Sonora?
miércoles, 10 de junio de 2009
La voz de un especialista, Gustavo Leal Fernandez
PUBLICADO EN LA JORNADA
¿El siguiente capítulo en las estancias changarro de Calderón? Gustavo Leal F.*
En el sur de Hermosillo, Sonora, 38 bebés muertos, y 40 infantes y seis adultos hospitalizados. La guardería ABC –subrogada por el IMSS– operaba habilitada en una antigua nave industrial, al lado de una bodega, en un espacio de 50 por 30 metros que apenas hace tres años era una maquiladora de ropa. No tenía salidas de emergencia. No contaba con extintores. Su personal eran empleadas o maestras. Atendía a más de 200 menores de entre seis meses y cinco años; 142 estaban dentro a las 15 horas de ese 5 de junio. La peor tragedia de que se tenga registro.
Es la calidad del esquema de guarderías subrogadas por Genaro Borrego, Santiago Levy, Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam en el IMSS de los panistas; sistemáticamente denunciado de un peligro para los infantes y, con Felipe Calderón, extendido electoralmente desde Los Pinos, el DIF de Margarita Zavala y la Sedeso de Lía Limón, hoy candidata del PAN a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Daniel Karam actual Director del IMSS
Este esquema del IMSS panista arrancó en 2003, urgiendo incrementar el cupo en 22 mil lugares y apoyado desde el Senado, que inmediatamente aprobó un proyecto de decreto –presentado por Borrego– que permite que sean operadas con subrogación y reversión.
El seguro de guarderías nació en 1973. Diez años después se estableció el esquema participativo, donde el IMSS capacita y las asociaciones civiles edifican y administran. En 1995, gracias al Diagnóstico –que también elaboró Borrego–, surgió el modelo vecinal-comunitario. Una ruta de abierto retiro del instituto en la prestación directa.
El esquema vecinal-comunitario fue objeto de un intenso debate público en 2003, cuando Levy se ensañó con los prestadores del servicio, obligándolos a firmar nuevos convenios de subrogación que, con menor costo, comprometen la calidad de la atención a los infantes.
El foxismo sostenía en 2002 que el Sistema Nacional de Guarderías favorece la condición laboral de las madres trabajadoras, por lo que se ampliaría el número de lugares, conviniendo con otros sectores su participación. Ese año, el sistema contaba con mil 163 guarderías y 140 mil lugares.
El proyecto foxista estancó la oferta pública, legalizó el retiro operador del IMSS, castigó a los prestadores, imponiéndoles diferentes opciones para los pagos mínimos y nunca garantizó una pauta promedio de calidad.
Costos humanos de la changarrización
En 2006, aunque la tasa de participación económica femenina creció, la proporción de mujeres en el total de asegurados permanecía estancada. En 2005, para más de 4 millones de mujeres aseguradas y los padres viudos o divorciados, el Sistema de Guarderías IMSS beneficiaba apenas a 174 mil madres y 190 mil infantes, en mil 514 unidades.
Las guarderías subrogadas pasaron de 757 a mil 374, mientras las directas eran las mismas 142 que ya existían en 2000. Pero el IMSS presumía un incremento en el número de unidades de ¡68 por ciento!
Y, ¿cómo lo lograron? Sencillo: acanallando la calidad del servicio y exponiendo a los infantes. ¡Como en Hermosillo!
Las quejas por la calidad se volvieron una norma: sospechas de maltrato infantil; desigual calificación y frecuente rotación del personal (enfermeras, maestras), ausencia de médicos, mala alimentación y difusa responsabilidad de los titulares de las guarderías o sus representantes.
Después de que el IMSS modificara unilateralmente (2003) el contrato que regula su operación (disminuyendo la cuota que pagaba por niño, lo que impactó directamente sobre la reducción de trabajadores, tipo de alimentación y horario de servicio), la Asociación Nacional de Guarderías denunció las consecuencias sobre los infantes, las cuales robusteció la nueva normatividad de 2005.
¿Electoral la tragedia? ¿Para quién, quién piensa en elecciones después de esto?
A partir de ese momento se les impusieron más cargas administrativas, elaboración del historial médico, realización del examen óptico, así como la adquisición de equipo de cómputo para que el IMSS lleve el control electrónico de las asistencias junto con la incorporación de tareas emergentes que facilitan al instituto cumplir con los requisitos que establece la Secretaría de Educación Pública para el nivel prescolar.
Entonces, las subrogadas entraron de lleno en la ruta de la changarrización: mientras el costo por niño en el esquema directo alcanzaba 4 mil pesos promedio, en el subrogado descendía hasta 2 mil 458 pesos. Con ellos se deben cubrir todos los costos: nómina y prestaciones sociales, impuestos, cuotas obrero-patronales, insumos de alimentos, material didáctico, juguetes, renta, teléfono, luz, agua, gas, artículos de limpieza, gastos de oficina y capacitación. Bajo estas condiciones, la calidad de las subrogadas resulta una auténtica quimera.
El desajuste financiero de los prestadores se agudiza, también, porque el pago de la cuota por niño se realiza vía un anticipo de garantía de 65 por ciento; es decir, sólo mil 656 pesos; el restante 35 por ciento depende de que cada niño asista todos los días hábiles del mes, lo cual casi no ocurre.
Además, al flexibilizar los requisitos del servicio se creó un ambiente propicio a las irregularidades y hasta a los fraudes.
Pero para Javier Moreno Padilla, presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Coparmex, las restricciones en el costo niño-servicios se dan por los problemas financieros que enfrenta el IMSS.
Mientras, Karam comunica desde Sonora que ya contactó con cuatro funerarias locales para que reciban a los pequeños sin costo para los padres. ¿Sin costo?
Hermosillo, la peor tragedia de que se tenga registro. ¿Quién sigue? ¿Las estancias electorales changarro de Calderón y Lía Limón?
* Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco
Bours tratando de salvar la sucesión gubernamental, ¿podrá?
(Foto de EFE)
Alfonso Escalante Hoeffer y Antonio Salido Suárez dejan sus puestos
Busca gobernador demostrar que no reparará en cercanías o relaciones familiares
El Financiero en línea
Hermosillo, 9 de junio.- Las primeras cabezas rodaron como efecto colateral de la tragedia que costó la vida de 44 niños en la Guardería ABC de Hermosillo, al verse obligados a renunciar a sus puestos dentro del gobierno de Eduardo Bours Castelo, Alfonso Escalante Hoeffer y Antonio Salido Suárez, esposos de las socias Sandra Téllez y Marcia Gómez del Campo.
De esta manera el gobierno de Eduardo Bours Castelo busca demostrar que no reparará en cercanías o relaciones familiares a la hora de castigar a quienes resulten responsables del incendio y la falta de cuidado evidente que había en las instalaciones de la citada guardería. No obstante el propio mandatario advirtió que se esperará a que termine la investigación para proceder a detener o arraigar a alguien, toda vez que dijo no se deben de adelantar juicios al respecto.
Por separado los integrantes de la sociedad civil Guardería ABC, se deslindaron de cualquier responsabilidad en torno al accidente y aseveraron que ellos cumplieron en todo momento con las normas que les estableció el Instituto Mexicano del Seguro Social y además pasaron todas sus inspecciones.
También se reveló hoy el nombre del propietario del inmueble que se le rentaba por separado a la Guardería ABC y a la Secretaría de Hacienda del gobierno estatal, y en este caso se trata del empresario Enrique Matiella.
Por la mañana el gobernador Bours ofreció una rueda de prensa acompañado del secretario de Salud, Raymundo López Vucovich, en el que hizo un recuento de los hechos, donde enfatizó que al momento del accidente había 175 niños bajo la custodia del personal de la guardería, 50 de ellos salieron al darse la alarma, 48 más fueron rescatados.
Además reseñó que 30 infantes murieron en el momento del incendio y otros 14 han muerto como consecuencia de las heridas y afectaciones en su salud que resultaron del incidente; adicionalmente indicó que siguen hospitalizados 26 menores, 13 de ellos en Sonora, 10 más en Guadalajara y 3 en Sacramento, California.
Adicionalmente hay dos adultos hospitalizados, una persona es una madre de familia que entró a rescatar a su niño y que permanece hospitalizada en Hermosillo y la otra es la directora de la guardería, quién fue trasladada a Ciudad Obregón por la gravedad de su estado.
El gobernador Eduardo Bours, recalcó que se espera el reporte final de los peritos, a fin de determinar las responsabilidad en el caso, y pidió no apresurar juicios ni señalar culpables todavía.
"Yo como lo dije desde un principio vamos a esperar a que sea haga la investigación, lo que resulte de la investigación, vamos a llegar al fondo de las cosas, no se va a proteger a nadie, no vamos a inventar culpables, ni una ni la otra como lo dije el día de ayer se lo merecen nuestros niños, nos lo merecemos los sonorenses", recalcó.
Bours también cuestionó lo que el IMSS ha denominado como la norma, para establecer medidas de seguridad, ya que de acuerdo con los peritajes y con el propio director del instituto, todo en la guardería se apegaba a la norma, situación que a juicio del gobernador implica que algo está muy mal en el sistema.
En tanto, los integrantes de la sociedad civil Guardería ABC, se presentaron ayer ante los medios de comunicación del estado en rueda de prensa y aseguraron que en ningún momento hubo tráfico de influencias en la operación de su negocio y que siempre se apegaron a las normas que el IMSS les definió como adecuadas.
En la reunión se presentaron Gildardo Urquidez Serrano y sus socias Marcia Gómez del Campo y Sandra Téllez, quienes además fueron acompañadas de sus maridos Antonio Salido Suárez y Alfonso Escalante Hoeffer, quienes minutos antes renunciaron a sus cargos como integrantes del gobierno de Eduardo Bours.
Ahí ante la prensa, los dueños de la guardería se deslindaron de responsabilidades e incluso dijeron que ellos siempre cumplieron con la reglamentación. A nombre de los socios, Antonio Salido dijo que habían pasado las inspecciones que protección civil y el propio IMSS le realizaron al inmueble.
Dijo que estás fueron varias revisiones que practicó personal del IMSS y que en ellas se constato que la guardería cumplía con los requisitos para funcionar.
También reconoció que su esposa es pariente de la primera dama Margarita Zavala y de la esposa de Eduardo Bours, Lourdes Laborín, a lo que agregó que como la concesión para operar la guardería data del año 2001, no existe vínculo o relación alguno con el gobierno federal o estatal al momento en el que inició operaciones.
Incluso recalcó que en ese momento, ni él, ni Alfonso Escalante eran funcionarios públicos, puesto que el gobierno de Eduardo Bours inició en el 2003, aunque también enfatizó que para no entorpecer las investigaciones ellos decidieron renunciar a sus puestos.
También afirmó que ya se había desarrollado simulacros de evacuación en las instalaciones y que en una ocasión del año 2008 se logró sacar del inmueble a 175 niños en 2.36 minutos.
Salido Suárez mencionó que la documentación que avala los permisos y las revisiones está en poder de la Procuraduría de Justicia, quienes están realizado las investigaciones.
Resaltó que cuando se abrió la Guardería aún no estaba la bodega de la Secretaría de Hacienda, ni la gasolinera de enfrente, por lo que no advirtieron el peligro de estar cerca de ellas.
En otro escenario, el gobierno municipal de Hermosillo respondió a la directiva del IMSS, respecto al señalamiento de que las inspecciones de protección civil era su responsabilidad, señalando que no hay ningún marco jurídico que le de al gobierno municipal esas atribuciones de inspección sobre guarderías subrogadas.
La dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de Hermosillo solicitará a las autoridades federales y estatales obtener mayor participación al momento de supervisar la seguridad en establecimientos y edificios.
Roberto Copado Gutiérrez, director de la dependencia municipal, informó que se deberá hacer un consenso para crear reglamentos que permitan a Protección Civil tener atribuciones para revisar, evaluar y, en el caso de presentarse, multar y hasta cancelar establecimientos que no cuenten con las debidas normas de seguridad para operar.
Ante la experiencia que deja el trágico incendio del pasado viernes 5 de junio, Protección Civil Municipal solicitará a las autoridades competentes reforzar dentro de un marco legal la obligación de tener siempre las mejores condiciones de seguridad para la niñez y que sea personal de Protección Civil del Municipio quien supervise que así se cumpla.
"El Municipio lamentablemente no tiene un marco jurídico donde podamos regular estas guarderías, concretamente hay reglamentos que se están estudiando para la operación de las guarderías. Nosotros actuamos en estos casos a petición de parte, es decir, si alguien sugiere un trámite como es un dictamen de seguridad, nosotros vamos al inmueble y evaluamos las condiciones en las que están los diferentes dispositivos de seguridad", manifestó Copado Gutiérrez.
Por otra parte, el Congreso del Estado de Sonora, declaró al 5 de junio como día de luto estatal y estableció un duelo para la entidad de 3 días por efecto de la tragedia que conmocionó al estado el pasado viernes. (Con información de Demian Duarte/Finsat/RSC)